El destino del dinero recaudado a través del cobro de 50 pesos a los turistas por interactuar o realizar actividades recreativas, educativas y terapéuticas con delfines en cautiverio fue objeto de reclamos debido a la opacidad en sus cuentas.
El colectivo Manglares Más Vivos Más Sanos dirigió esta crítica directamente a la gobernadora Mara Lezama Espinosa y al titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), Óscar Rébora Aguilera.
Al respecto, la vocera de la organización, Selene Tejada Bravo, advirtió que este martes expira el tiempo límite fijado por las instancias de Transparencia para que los funcionarios entreguen un reporte detallado.
De acuerdo con Tejada Bravo, la gestión de la Sema y el gobierno estatal ha evadido sus verdaderas responsabilidades ambientales, como la protección de la fauna silvestre y los manglares, para favorecer pactos privados con la gobernadora.
Ante este panorama de opacidad, la organización civil interpuso la solicitud formal con el folio 340026700353026 ante la Plataforma Nacional de Transparencia, exigiendo fiscalizar los recursos estatales que la Sema administra a través del Fideicomiso “Fondo de Protección de Especies Marinas”.
Las demandas de información se centran en auditar la recaudación acumulada por el Impuesto sobre las Errogaciones por Participar en Actividades con Animales Acuáticos, implementado mediante el Decreto 078 que reformó la Ley de Hacienda de Quintana Roo.
El colectivo busca esclarecer el destino final del dinero, las reglas de operación de la tasa impositiva y el beneficio real hacia los cetáceos; una serie de incógnitas ante las cuales los funcionarios han guardado absoluto silencio, contradiciendo el discurso protector que suelen exhibir en sus plataformas digitales.
Paralelamente, la organización PETA Latinoamérica impulsó una recolección de firmas para presionar al gobierno local a fundar un santuario marino, argumentando que la entidad concentra el 80 por ciento de los delfinarios de todo el país. Esta presión social se intensificó tras la modificación de 2025 a la Ley General de Vida Silvestre, la cual vetó la reproducción asistida y las exhibiciones comerciales de estos mamíferos, pero dejó en la incertidumbre jurídica y operativa el destino de los ejemplares que ya se encontraban bajo resguardo.
Actualmente, el territorio quintanarroense alberga 18 de las 31 instalaciones dedicadas a este sector en México, manteniendo confinados a una cantidad estimada de 200 a 240 cetáceos en ausencia de un censo gubernamental actualizado. Entre los casos bajo la lupa destacan los nueve delfines que habitan el antiguo complejo de Ventura Park en Cancún, respecto a los cuales las autoridades estatales sostienen que no existe desamparo y que cuentan con supervisión médica especializada.
Estos centros de entretenimiento se distribuyen en puntos clave de la región, destacando Cancún e Isla Mujeres. Por ejemplo, la compañía Delphinus opera siete sedes que albergan a 100 ejemplares en zonas como Playa Mujeres, Puerto Morelos y la Riviera Maya, sumado a dos establecimientos en Cozumel; por el contrario, la Profepa clausuró la unidad de Dolphin Discovery en octubre de 2025. Toda esta infraestructura de entretenimiento enfoca hoy un panorama de estricta verificación e inspección obligatoria derivado de las nuevas leyes.
