– Acusan violencia familiar y acoso terrible contra los dos hermanos.
– Piden intervención de las autoridades.
Lo que debería ser el resguardo y refugio de una familia se ha transformado en un calvario de amenazas, encierro y violencia desmedida. Dos hermanos sufren el hostigamiento sistemático de sus propias tías, quienes, mediante la fuerza, el despojo de servicios básicos y la edificación de muros, intentan echarlos a la calle del hogar que su padre construyó.
La historia, marcada por el abuso y la falta de empatía hacia la propia sangre, alcanzó un punto crítico el pasado 28 de agosto. Ese día, Fátima Guadalupe Catzin y Azalea Catzin arribaron al predio familiar acompañadas de albañiles, con la intención de levantar un muro de concreto. A pesar de las advertencias de los jóvenes de que esa construcción bloquearía su único acceso y derecho de servidumbre, la obra continuó. Como primera medida de presión, las mujeres les cortaron los servicios esenciales de agua potable y energía eléctrica.
El 31 de agosto, la situación escaló a niveles alarmantes. Las señaladas culminaron la barda, cerrando por completo el paso a la vivienda y dejando atrapado en el interior a un menor de edad. Pese a los angustiosos reclamos del joven para que le permitieran salir, la respuesta fue la negativa absoluta. Ante el encierro forzado, la familia se vio obligada a romper una pared colindante con los vecinos para poder rescatar al menor y comunicarse con el exterior.
Este hecho derivó en una primera denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la acción legal no frenó las agresiones; por el contrario, las intensificó.
Al día siguiente, vinieron las advertencias directas: si no abandonaban el inmueble, les anularían el drenaje. La amenaza se cumplió el 8 de septiembre, dejando la vivienda en condiciones inhabitables y obligando a los afectados a acudir nuevamente ante las autoridades para ampliar la denuncia por violencia familiar.
El acoso no se limita al predio. En la vía pública, las agresiones verbales son constantes. Insultos y descalificaciones son lanzados de manera reiterada hacia los jóvenes, refiriéndose a uno de ellos con adjetivos despectivos e hirientes sobre su origen.
Este 23 de septiembre, la tensión volvió a elevarse tras recibir el aviso de que presuntamente acudirán a romper las puertas de la vivienda para concretar un desalojo arbitrario, apoyándose incluso en personas ajenas a la familia para intimidarlos.
Detrás de esta crisis subyace una disputa patrimonial. Los dos afectados son hijos del hermano de las agresoras. El padre de los jóvenes construyó la vivienda dentro del predio con su propio esfuerzo, pero actualmente no se encuentra en el lugar para defender a sus hijos.
Ninguna de las partes cuenta con títulos de propiedad definitivos, ya que el terreno se encuentra en condición de intestado. Sin embargo, la vía del despojo, la violencia y las amenazas de muerte han sustituido a cualquier causa legal.
Comunidades y vecinos, atónitos, se preguntan cómo dos mujeres son capaces de dejar en la intemperie a sus propios sobrinos, cortándoles el acceso a la dignidad humana básica. Mientras el miedo a nuevas agresiones físicas o a la irrupción de gente externa sigue latente, los afectados claman por la intervención urgente de las autoridades judiciales y de protección familiar para frenar una tragedia anunciada.
