– La mujer refiere que toda esta situación la ha terminado enfermando.
– El dueño del taller mecánico se burla, ya que dice tener compradas a las autoridades ministeriales.
Tras cinco años de espera, Liz Coral decidió alzar la voz. Denuncia que su camioneta, una Dodge Nitro, permanece desde 2020 en un taller mecánico ubicado en Tulum, sin haber recibido una solución concreta por parte del encargado, identificado como Juan Sabido.
La afectada relata que desde que llevó su vehículo al taller, ha invertido más de 40 mil pesos en refacciones, sin que hasta la fecha se le haya entregado la unidad en condiciones operativas. Asegura que ha comprado diversas piezas por cuenta propia y que las facturas siguen en poder del mecánico, a pesar de que ha solicitado su devolución en múltiples ocasiones.
La afectada señala que acudirá a la Fiscalía General del Estado a interponer su demanda formal, la cual a frenado debido a que los comprobantes de pago que ha hecho hasta ahora los tiene el mecánico, quien se niega además a entregárselos.
“Solo me han dado vueltas y vueltas. Tengo años esperando una respuesta, y lo único que recibo son excusas. Me dicen que mañana o que en la tarde, pero no cumplen”, explicó Liz Coral, visiblemente afectada.
El caso fue canalizado a la Justicia Alternativa, donde se programaron reuniones conciliatorias. Sin embargo, el mecánico no se presentó a las audiencias argumentando problemas de salud. Liz asegura que esta situación ha repercutido también en su bienestar físico, ya que recientemente fue diagnosticada con diabetes, condición que su médico atribuyó al estrés derivado del conflicto.
La afectada señaló que la retención prolongada de su vehículo, así como la negativa a entregar los comprobantes de compra, constituyen para ella una forma de violencia patrimonial. “No puedo hacer la denuncia formal en la Fiscalía sin mis notas. Necesito esos comprobantes para demostrar que los gastos corrieron por mi cuenta”, afirmó.
Ante la falta de avances, Liz Coral analiza presentar una denuncia penal por abuso de confianza, violencia patrimonial y posible fraude. También hace un llamado a las autoridades locales para que intervengan, al considerar que ha agotado los canales de conciliación sin obtener respuesta.
La situación pone en evidencia la vulnerabilidad de los consumidores frente a talleres sin regulación efectiva y plantea la necesidad de establecer mecanismos más ágiles de resolución para evitar que este tipo de casos se prolonguen indefinidamente.
