– Un juez federal le negó a la empresa Aguakán el amparo con el que buscaba mantener la prórroga de su concesión para operar hasta el año 2053 el servicio de agua potable en los cuatro principales municipios del norte de Quintana Roo.
“Al no quedar demostrada la ilegalidad atribuida al Decreto 195 reclamado, lo que procede es negar a la parte quejosa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado, la protección de la Justicia Federal solicitada”, sentenció.
Según los antecedentes del caso, el 19 de octubre de 1993 el Congreso de Quintana Roo expidió el Decreto 28 en el que otorgó la concesión a la empresa para prestar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, drenaje, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
El 11 de diciembre de 2014 el Legislativo local expidió el Decreto 250 en el que agregó al municipio de Playa del Carmen, antes llamado Solidaridad, y amplió la vigencia de la concesión hasta el 31 de diciembre del 2053.
Debido a diversas denuncias de afectaciones a la salud y al medio ambiente ocasionadas por la calidad del agua, así como cobros excesivos y quejas ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), hace tres años se convocó a una Jornada de Consulta Popular para decidir el futuro de la concesión.
El 5 de junio de 2022 la mayoría que acudió a las urnas en las cuatro alcaldías manifestó no estar de acuerdo con la continuidad de la licencia con la que Aguakán operaba la prestación de servicios.
La consulta fue vinculante, por lo que el 22 de diciembre de 2023 el Poder Legislativo del Estado emitió el Decreto 195, en el que abrogó el expedido en el 2014 y canceló la extensión de la concesión.
Cinco días después, Aguakán presentó su amparo ante el juez Gallegos León en contra de este nuevo decreto.
Alegó que el decreto del Congreso era violatorio de la Constitución, porque el Legislativo Estatal no estaba facultado para expedirlo, además de que carecía de fundamentación y motivación y transgredía el derecho humano al agua.
El juez Gallegos León desechó estos argumentos porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya emitió una jurisprudencia en la que establece que la Constitución sí otorga facultades a las Legislaturas estatales para imponer obligaciones y restricciones a los Ayuntamientos en materia de concesiones.
Además, el juzgador cuestionó que Aguakán aceptara la legalidad de los decretos del Congreso sólo cuando le convenían, ya que no cuestiona la facultad del Legislativo en los decretos que le otorgan la concesión.
“La pretensión de la parte quejosa, al desconocer la facultad del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para emitir el Decreto reclamado, implica considerar que obtuvo una concesión y su prórroga por conducto de una autoridad que no estaba facultada para otorgársela; por tanto, si se aceptaron las condiciones legislativas en el trámite de cómo se otorgó la concesión, así como su prórroga, entonces, también debe seguir la misma suerte respecto al Decreto que aquí se impugna”, dijo.
Aguakán es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) valuada, de acuerdo con Kroll, en 17 mil millones de pesos.
El 50.1 por ciento de las acciones están en manos de Grupo Mexicano de Desarrollo, que también cotiza en la Bolsa, y el 49.9 por ciento restante es administrado por un fondo en el que están invertidos recursos de cuatro afores: Banamex, Sura, Principal y Pensionissste.
La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo el 26 de febrero que sería mejor que Aguakán entregue la concesión porque “no se puede hacer negocio con el agua”.
Con información de Reforma.
