– Un agente de la Policía Municipal de Playa del Carmen, adscrito al grupo canino K9, fue detenido el pasado martes, por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) dentro de las propias instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM).
El oficial enfrenta una denuncia penal por el presunto abuso sexual de su hijastra, una menor de edad.
El operativo de captura, realizado en el cuartel policial, provocó la movilización de mandos superiores y el posterior traslado del acusado al Ministerio Público, donde se recopilan las pruebas para presentar el caso ante un Juez de Control.
Hasta el momento, la corporación municipal ha mantenido un hermetismo absoluto sobre el tema.
Este caso resulta sumamente alarmante y expone una profunda contradicción institucional.
Que un elemento activo, uniformado y perteneciente a un grupo especializado como el K9, sea señalado por un delito tan grave en agravio de una menor de edad y dentro de su propio entorno familiar representa una absoluta traición a los valores de protección y servicio que se le encomiendan a la policía.
Las fuerzas de seguridad pública están diseñadas para ser el primer frente de defensa de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables como la infancia.
Resulta inaceptable que quienes portan una placa y un arma para salvaguardar el orden utilicen su posición de autoridad o el amparo de su cargo para vulnerar la integridad de una menor.
Asimismo, el silencio y la falta de transparencia de la SSCM ante un hecho que ocurrió dentro de sus propias instalaciones resulta sumamente cuestionable; la gravedad de la acusación exige una postura firme, de cero tolerancia y de total rendición de cuentas, en lugar de un repliegue institucional que solo alimenta la desconfianza ciudadana hacia los cuerpos policiales.
