– De enero a junio de 2026, las transferencias de participaciones federales hacia Quintana Roo registraron una disminución del 11.1 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con esta caída, el estado se ubicó como el tercero con mayor recorte a nivel nacional, solo superado por Campeche y Veracruz. Durante el primer trimestre del año, la entidad había recibido 10,366.61 millones de pesos por este concepto.
La baja en la Recaudación Federal Participable responde principalmente a una contracción anual del 9.8 % en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), rubro que aporta el 47.7 % del total de dichos fondos.
Esta baja representa el primer descenso en las participaciones desde el primer semestre de 2020, cuando cayeron un 7.5 % debido a la pandemia de COVID-19.
Agencias de calificación como Moody’s advirtieron sobre la presión que esta baja ejerce en las finanzas del estado debido a su alta dependencia de los recursos federales.
Por su parte, la representación del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) Sur y la Secretaría de Desarrollo Territorial Sustentable señalaron que esta restricción presupuestaria compromete el financiamiento de obras de infraestructura, seguridad, salud, alumbrado publico, agua potable y drenaje.
El impacto se agrava ante la exigencia de cubrir los servicios de una población que crece a un ritmo anual equivalente a 100 mil habitantes.
Entre los factores vinculados a esta contracción destacan la desaceleración económica en Estados Unidos que disminuye la llegada de turistas y la recaudación fiscal asociada y la migración de comercios hacia la informalidad a causa de tramitologías complejas y saturación en aduanas.
Asimismo, el sector empresarial cuestionó las fórmulas actuales de distribución federal por priorizar el volumen poblacional sobre el nivel de actividad económica.
Como alternativa, plantearon simplificar trámites administrativos e incentivar la apertura de empresas para fortalecer la recaudación propia y reducir la vulnerabilidad frente a las transferencias de la Federación.
